El General Manuel Pizarro y el maquis turolense

Artículo publicado en el Diario de Teruel,  del 11 enero 2008,

sobre el abuelo del fichaje popular Manuel Pizarro,

por José Ramón Villanueva Herrero

             Ante el creciente auge de la actividad guerrillera antifranquista en la provincia de Teruel, el régimen designó el 28 de julio de 1947 al general Manuel Pizarro Cenjor gobernador civil de la misma. Pizarro llegó a Teruel con el mandato expreso de Franco de sofocar el movimiento guerrillero, al igual que ya había hecho antes en las provincias de León y Granada. De este modo, Pizarro asumió plenos poderes civiles y militares ya que, además de Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, cargo que ocupó hasta 1954, era también Jefe de la V Región de la Guardia Civil.

             Manuel Pizarro, estrecho colaborador del general Franco, razón por la cual se vanagloriaba de ser de los pocos que podían llamar con familiaridad  (y en su presencia) “Paco” al dictador, tuvo un carácter duro, autoritario e implacable. Recuerdo que me contaron como, en cierta ocasión, Pizarro ordenó a un funcionario de un municipio de la sierra de Cucalón que se comiese en su presencia un ejemplar del Boletín Oficial de la Provincia dado que el general-gobernador le reprochaba haber incumplido una de sus disposiciones en él publicadas.

             Pero mucho mas duro fue Pizarro en la lucha contra el maquis. Unos meses antes de su nombramiento como Gobernador de Teruel, el régimen había aprobado el Decreto-Ley de Represión del Bandidaje y del Terrorismo (18-IV-1947). Recordemos también que una Circular de la Dirección General de Seguridad (11-III-1947) prohibía expresamente utilizar el término de “guerrilla” o “guerrillero”, ordenando que se emplease el de “bandolerismo” o “bandolero”. Estas circunstancias van a ser utilizadas por Pizarro para, investido de plenos poderes, y tras militarizar todo el territorio provincial considerándolo “zona de guerra”, iniciar lo que Mercedes Yusta define como “una guerra personal contra el maquis”, a los que el general llamaba  despectivamente “forajidos”.

             Pizarro que, en su “cruzada” particular contó con el apoyo  de numerosos contingentes de la Guardia Civil, y, también de  la Policía Armada, voluntarios de Falange y somatenistas, intentó controlar los refugios naturales de la guerrilla, esto es, las serranías. Para ello, ordenó el desalojo de todas las masías para así cortar el apoyo y los suministros al maquis, utilizó nuevas tácticas de contraguerrilla (guardias disfrazados de maquis que roban y torturan indiscriminadamente) y de “tierra quemada” (quema de cosechas) para así minar los apoyos civiles al maquis. Igualmente, bajo su mandato se vivió una situación de auténtico terror entre la población sospechosa de simpatizar con la guerrilla utilizando métodos de enorme dureza: las palizas, los fusilamientos simulados para lograr confesiones, el envenenamiento de víveres o la implacable aplicación de represalias y de la fatídica “ley de fugas”, fueron frecuentes.

                         Además, como testigos mudos de tanto sufrimiento, ahí quedaron nuevas fosas comunes, como las existentes en Alcalá de la Selva, Mora, Monroyo, Civán y otros lugares de triste recuerdo.

             La ofensiva de Pizarro se inició el 9 de agosto de 1947 con el ataque, mediante un bombardeo con morteros y el posterior incendio del pinar en que se refugiaban, del campamento guerrillero de La Cerollera, en el que tenía su base de operaciones el Sector 17 del AGLA al mando de Angel Fuertes (”Antonio”). Unos meses más tarde, el 18 de diciembre, la Guardia Civil asaltó el campamento del maquis en Monte Camarracho, cercano a Cabra de Mora y, dos días después, el objetivo fue el campamento-escuela del Sector 11 del AGLA de monte Rodeno, situado en el término de Valdecuenca.

             Aunque en 1948 tuvo lugar la llamada “ofensiva de primavera” del AGLA, ésta se hallaba muy debilitada por la acción represiva de Pizarro. No obstante, el maquis mantuvo una cierta actividad hasta finales de 1949, fecha en la cual murió cerca de Alcañiz Pelegrín Pérez (”Ricardo”), máximo responsable del AGLA, y el 7 de noviembre era asaltado el importante campamento de Santa Cruz de Moya, localidad conquense convertida en la actualidad en un auténtico memorial de la lucha guerrillera antifranquista.

             Nuestra provincia de Teruel, que tanto sufrió durante la guerra civil, así como con la represión de posguerra y el período del maquis, donde la huella del general-gobernador Pizarro quedó marcada a sangre y fuego, tiene todavía una deuda pendiente con todos aquellos tenaces combatientes antifranquistas, con aquellos guerrilleros, unos conocidos, otros anónimos, con todos los enlaces civiles que, en circunstancias bien difíciles apoyaron su lucha por intentar abrir nuevos horizontes de libertad y de progreso social para España. En este sentido, además de iniciativas personales, familiares y asociativas, resulta importante destacar el marco legal que, pese a sus limitaciones en otros aspectos, abre la nueva Ley de la Memoria Histórica. También es justo destacar algunas iniciativas de instituciones municipales, comarcales o autonómicas para recuperar con dignidad esta página de nuestra historia turolense. En este sentido, diversas actuaciones del Programa “Amarga Memoria” del Gobierno de Aragón han asumido este deber cívico y moral y  han abierto horizontes nuevos en lo referente al compromiso institucional con este amargo capítulo de nuestra historia colectiva que durante tanto tiempo pretendió ocultarnos (o tergiversar) la derecha sociológica y política.